Mencionó que de acuerdo con una valoración realizada por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP), -a petición de la propia Mesa Directiva de la Cámara de Diputados-, la implementación del SNA tendría un impacto presupuestario estimado en mil 506.2 mdp en 2017.

Puntualizó que este sistema, derivado de la reforma constitucional de 2015, requeriría 15.2 mdp para el Comité de Participación Ciudadana; 22.8 mdp, a la Secretaría Ejecutiva; 22.0 mdp, a la Plataforma Digital Nacional; 155.9 mdp, al Tribunal Federal de Justicia Administrativa; mil 152.4 mdp, a la Auditoría Superior de la Federación, y 137.9 mdp para la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción.

Aclaró que conforme a la misma investigación del CEFP, las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública no tendrían impacto presupuestario dado que se transferirían diversos órganos desconcentrados a esa dependencia federal.

Dijo que, al mismo tiempo, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y las modificaciones al Código Penal no establecen nuevas atribuciones, programas presupuestarios o modificación de estructuras administrativas.

El diputado Javier Bolaños manifestó su preocupación por la carencia de recursos del presupuesto federal del próximo año a un asunto de gran relevancia para el país como el Sistema Nacional Anticorrupción.

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