Chihuahua.- Más de tres años después de que fue tipificado como delito federal el robo de identidad, en noviembre de 2016, en el Congreso del Estado de Chihuahua, aún permanece en la congeladora una iniciativa para castigar el delito de robo de identidad, en el que México está entre los primeros 10 lugares en el ranking mundial en cuanto a incidencias, y tan sólo en 2017, en Chihuahua se registraron más de 19 mil casos, de acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado.
Fue la entonces diputada panista Laura Marín, quien propuso el castigar hasta con ocho años de prisión este delito, que al no existir como tal en el Código Penal del Estado de Chihuahua, se castiga de otra manera, siempre buscando en dónde encajar la forma en que fue realizado.
Hasta ahora, el Código Penal sólo establece una pena de entre seis meses y dos años de prisión, pero se refiere a quien cometa delitos contra la seguridad y el normal funcionamiento de las vías de comunicación y de los medios de transporte.
Y para quien use equipos electrónicos para robar datos o información para hacerse pasar por otra persona se hará merecedor de una pena de seis meses a dos años de prisión, y de una multa de entre seis mil a 19 mil pesos, pero no especifica el robo de identidad como tal, como si ocurre en otros estados del país.
A nivel nacional, el robo de identidad se elevó a delito federal en noviembre del 2016 con penas de hasta 12 años, a pesar de que desde el 2009 la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras (Condusef), comenzó a alarmar sobre el aumento de estas prácticas.
De acuerdo con información periodística, el primer caso del que se tuvo conocimiento ocurrió en 1983, en el Reino Unido, cuando una persona fue víctima de robo de identidad de una persona a través de su número de seguridad social; y desde entonces se ha alertado a las personas a ser más cuidadosas con el uso y manejo de su documentación, ya que según datos periodísticos el robo de identidad se da por la pérdida de documentos, el 63% por el robo de carteras y portafolios, y el 53% por información tomada directamente de una tarjeta bancaria.
