La propuesta nace de que el Estado de Chihuahua es uno de los que presenta mayor incidencia en la denuncia por casos de tortura, incluso por encima de estados como Michoacán, esto según datos emitidos por la alta Comisionada de Naciones Unidas especializada en el tema, por lo que para acercarse a la magnitud de esta problemática, es insoslayable la necesidad de tomar en cuenta la cifra negra del delito, es decir, el número de casos que no se denuncian y que según el INEGI en su último registro, reporta un 97% de conductas delictivas que no son denunciados en nuestro país.

Es por lo anterior, que los encargados de realizar la investigación criminal, se ocupen de mantener y aumentar las medidas preventivas para erradicar actos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Estas medidas deben de formar parte de un protocolo de actuación en el cual se establezca la creación de un registro donde consten referencias acerca de fecha, lugar, modo y técnicas de investigación utilizadas ante la posible comisión de hechos delictivos, así como referencias a las víctimas y los posibles autores a efecto de evitar que la autoridad cometa actos violatorios en perjuicio de los detenidos los cuales muchos de ellos incluso han muerto por el tratamiento violento que recibieron dentro de las primeras 48 horas contadas a partir de su detención.

Con ello, se estaría evitando una puerta giratoria de delincuentes peligrosos que por dichos actos de tortura tienen que ser liberados pese a ser sorprendidos en la comisión de un delito. La iniciativa fue presentada por la diputada Martha Rea Y Pérez.

Por otro lado, se debe generar un proceso de capacitación y sensibilización dirigido a los Agentes Policiales quienes son más susceptibles de cometer actos de abuso de autoridad durante los procesos de detención.

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