LA directora de la Casa Chihuahua Centro de Patrimonio Cultural a Linda Berenice Miranda, anda moviéndose muy bien en esta pandemia.
Señalan a “Sin Pelos en la Lengua” que su personal ha estado trabajando como si no hubiera peligro, aun en puestos no indispensables, han tenido que continuar laborando, (si algunos de manera remota, pero a la espera de cualquier llamado por parte de la dirección para realizar actividades necesarias o no; otros por su parte siempre presentes), aun estando en Semáforo Rojo y actual mente en Semáforo Naranja, aun sabiendo que estos espacios deberían abrirse hasta Semáforo Amarillo.
Así mismo señalan que la abogada y escritora está aprovechando sus influencias para designar con toda alevosía y ventaja a personas, que dicho sea de paso estaban contratadas de manera externa, gracias al apoyo de instituciones ajenas al Museo, bajo procesos de selección dudosos; y a las que se les ha dado responsabilidad y autoridad sobre personal de base, aun sin merito, pero sobre todo sin experiencia en el cargo, debido al poco tiempo que tienen colaborando con el museo, lo cual sin duda va encontrar de los valores que esta Administración promueve; pero peor aún, se está ignorando al personal de confianza que con años de experiencia comprobados, como es el caso de Coordinadores de áreas; para por “debajo del agua” poder realizar proyectos solo conocidos por la dirección y estas nuevas personas.
Señalan que se ve clara su negra intención de ir desplazando personal, para ir acomodando conocidos en puestos importantes; brincándose los procesos de selección establecidos y los derechos de los actuales trabajadores de confianza; lo cual pudiera parecer normal anteriormente en otros gobiernos, pero que ya no es aceptable actualmente.
Finalmente ha sido criticada por estar están realizando “proyectos” y cambios en aspectos importantes del museo mismo y en lo que este exhibe, con importante impacto en gastos y calidad, de forma apresurada, aprovechando la pandemia, sin conocimiento de personas con experiencia y de aspectos técnicos, destruyendo el trabajo, como mencionamos, de personas y administraciones anteriores, para establecer proyectos de índole personal no fundamentados.
AÚN cuando al inicio del segundo año de la legislatura actual, hubo acuerdos que no respetaron ni en la propia la Ley Orgánica ni la Constitución Política del Estado de Chihuahua, para designar a quien preside ahora la Mesa Directiva, ya se tienen el “dedazo”.
A pesar de que el artículo 61 de la Constitución Local es muy claro al decir que “la Presidencia de la Mesa Directiva se ejercerá de manera alternada entre los integrantes de los grupos y coaliciones parlamentarios, considerando de manera prioritaria, a los diputados representantes de los partidos políticos que por sí mismos constituyan la primera y segunda fuerza política”, se busca evitar que Morena, que es la segunda fuerza política, ocupe la presidencia.
Así, en un proceso que señalaron diputados de diversas fuerzas políticas de viciado, se determinó que fuera el diputado del Partido Nueva Alianza René Frías, quien ocupara la presidencia, al haber concluido el mandato del panista Jesús Villareal.
Ahora, quien también llegó a la presidencia de la Junta de Coordinación Política en otro polémico proceso, dijo que se han estado acercando a las otras fuerzas políticas para nombrar a la nueva mesa directiva, para ir “viendo perfiles” de quienes pudieran presidir el Congreso, cuando se supone que por ley, que ellos mismos aprobaron, debería ser un diputado o diputada de Morena, quien presida.
NO be duda que cada vez los diputados locales de Chihuahua dejan ver más su modorra y falta de trabajo legislativo, ahora en el caso de los feminicidios. Resulta que desde el 2007 se expidió la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que buscaba entonces establecer la coordinación entre la Federación y las entidades para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las niñas y mujeres, nada menos porque Chihuahua, desde Ciudad Juárez, era el punto neurálgico del problema. A pesar de ello, los legisladores no armonizaron las leyes hasta diez años después, en 2017, pero no tipificaron el feminicidio, sino el homicidio con razones de género. Hace unos días los diputados presumieron que al fin, en comisiones, se había tipificado el feminicidio, aunque no se ha subido al Pleno para su aprobación, pero ahora desde la Cámara de Diputados se propuso la homologación del delito de feminicidio para que los 32 estados del país reformen sus legislaciones, a fin de establecer criterios comunes y condenar con penas de entre 40 y 60 años de cárcel por los asesinatos de mujeres con razón de género. Así que los diputados siempre encuentran quién les haga la chamba. Ah, pero a la hora de cobrar, ahí sí nadie cobra en su nombre.
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