Chihuahua.- El diputado suplente de Morena  Román Alcántar arremetió contra la alcaldesa con licencia María Eugenia Campos y contra el Poder Judicial de Chihuahua, que aseguró mantiene una serie de  irregularidades ya que “se advierte una clara y perniciosa actitud permisiva en el proceso penal que se sigue en contra de la panista, aseguró.

En compañía de  la coordinadora de la Comisión Ejecutiva de Morena, Luz Elia Marín Rentería; así como el coordinador de la Comisión de Cultura de Morena, Félix Manuel Lazos Ibarra, expresaron su preocupación por el estado que guarda el proceso en contra de la pre candidata panista a la gubernatura de Chihuahua, hacia quien hay una clara actitud permisiva, así como hacia la dirigente estatal del Partido Verde María Ávila Serna y del secretario del Ayuntamiento de Chihuahua César Gustavo Jauregui Moreno, con el único fin de alargar el proceso jurídico.

Esa dilatación, explicó, tiene la intención de que los delitos por los que son señalados prescriban y se logre su impunidad, a pesar de que son dos las investigaciones abiertas, una iniciada con base en la denuncia presentada por la Secretaría de la Función Pública (oficio SFP-DGIEP-106-2021), que como resultado arrojó la existencia de cheques emitidos por la Secretaría de Hacienda para ser convertidos en efectivo y entregados a 34 personas, entre ellas Campos Galván, Ávila Serna y Jauregui Moreno.

La segunda indagatoria, agregó, fue hecha por la Fiscalía Anticorrupción por actos ocurridos durante la gestión de Campos Galván a lo largo de su administración al frente del Gobierno Municipal de la ciudad de Chihuahua.

“Los chihuahuenses estamos cansados de que la justicia sea obstaculizada por el influyentismo y el compadrazgo que se da en todos los niveles del aparato de Justicia en el Estado, por eso estaremos atentos de las acciones que realice el abogado, Francisco Molina, quien fungía como director Administrativo del Tribunal Superior de Justicia”, declaró.

Por eso, dijo que se vigilará que las próximas audiencias a celebrarse no sean diferidas de nueva cuenta ya que, de ocurrir, se violentará el artículo 310 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que ordena celebrar la audiencia inicial dentro de los 15 días siguientes a la presentación de la solicitud y aprovechó para hacer un “llamado a la comunidad chihuahuense para que esté al pendiente sobre el resultado que dictamine el Juez de Control”.