Chihuahua.- La Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI, Diputada María Isela Torres Hernández, aclaró que en relación al tema de la situación legal de la Diputada Diana Karina Velázquez Ramírez, Presidenta del Congreso del Estado, un Juez de Distrito dejó sin efecto el citatorio una vez que el Ministerio Público le comunicó que se trataba de una legisladora por lo cual estaría impedido de iniciar cualquier proceso en su contra hasta que no exista la declaratoria de procedencia.
Esclareció e insistió que el tema es del fuero federal y que no le compete en absoluto a la Secretaría de la Función Pública que cae en un error al declarar que la Diputada Velázquez no ha comparecido y que ha fallado a dos citatorios ya que como anteriormente se explica, un Juez de Distrito suspendió la audiencia.
Hasta el momento, no se ha hecho de conocimiento ni al Partido Revolucionario Institucional ni a la propia legisladora sobre algún proceso o solicitud de declaratoria de procedencia/desafuero por parte de Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE). En caso de que fuera lo contrario, el tema tendría que revisarse primero ante el Congreso de la Unión.
Por tanto, clarificó que no se le ha formulado imputación, que no existe auto de vinculación en su contra que le impida la designación como Presidenta del Congreso que se le otorgó con total apego a la Ley y cualquier declaración que señale a Diana Karina Velázquez como culpable ya sea por parte de los medios de comunicación o la propia Secretaria de la Función Pública Stefany Olmos, viola el principio de Presunción de Inocencia que garantiza que durante un juicio se pruebe la culpa y no la inocencia de una persona imputada de delito; está plasmado como garantía procesal en múltiples acuerdos internacionales y desde 2008 fue incorporado a la Constitución Mexicana y tratados internacionales.
Finalmente, mencionó que si por alguna razón llegara a existir la declaratoria de procedencia o el llamado desafuero, la actual Presidenta del Congreso de Chihuahua conservará sus derechos político-electorales, es decir aunado a ello seguiría siendo legisladora.
