PUES la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil rechazó la iniciativa del diputado priista Omar Bazán Flores, para sancionar con mayor severidad la posesión, portación y acopio de armas de fuego, municiones y cargadores del armamento que se utiliza de manera común por la delincuencia organizada.
Esto, al considerar que la propuesta con carácter de decreto ante el Congreso de la Unión, para reformar diversos artículos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, excede las facultades del Congreso del Estado, como un ente local.
En su oportunidad, el presidente de la Comisión, diputado de Morena Óscar Castrejón, dijo que se trata de un asunto del fuero común, en el que el Congreso no tiene facultades y que la proporcionalidad debe ir en función de un análisis profundo porque “aumentar por aumentar las penas no incidirá necesariamente en una reducción de los delitos y no podemos votar algo que no tiene sustento local”.
Al respecto, la diputada de Morena América García se dijo de acuerdo con la propuesta del presidente de la comisión “nosotros no somos diputados federales y hasta cierto momento estamos limitados para ello”, señaló vía virtual.
También la diputada panista Margarita Blackaller, en su papel de secretaria de la Comisión, se dijo de acuerdo en aprobar un dictamen el sentido negativo, luego de explicarle a la diputada América que “se trata de una iniciativa ante el Congreso de la Unión”,
ANDANDO en tierras juarenses el secretario general de Gobierno Santiago de la Peña destapó que en el municipio que gobierna Cruz Pérez Cuéllar hay 891 concesiones vigentes de las que solo 412 se encuentran operando y las 479 restantes no operan, es decir casi la mitad solo están de adorno, mientras los usuarios sufren la falta de buen servicio de transporte. Habría que ver cuáles son los números en Chihuahua. La pregunta aquí es por qué se permite esto y no son retiradas sin mayor miramiento, como lo hizo el alcalde Bonilla con las rutas concesionadas a Klifer que nomás no daban el servicio, así sin tanto rollo y sobre todo sin permitirles aumentar el costo de la tarifa antes de dar resultados.
LA verdad es que el plazo terminó y solo unos cuantos concesionarios cumplieron con lo que tanto prometieron cuando pedían aumento a la tarifa del servicio de transporte y se presentaban todos los días en Palacio de Gobierno y daban entrevistas a los medios clamando por un aumento que tantos años les había sido negado a los muy pobrecitos, pero nada más se los aprobaron, que en verdad fue algo muy suigéneris, quién acepta aumentar el costo de algo que no está bien de origen y luego a ver qué pasa, es como si pusiéramos un negocio de vender café y primero les cobramos por usarlo y luego compramos vasos nuevos, o algo así. Los usuarios no dejan de sufrir con las chatarras de camiones que ni siquiera traen amortiguadores y “se siente todo”, dicen, como el viejo camión con número 1008 de la ruta Mármol. No hay que ser.
