Chihuahua.- La entrega de contratos millonarios por adjudicación directa, decisiones tomadas sin seguir recomendaciones ni garantizar los derechos humanos, y en el caso de los diputados, sin conocer a fondo los temas, así como fueron parte de los “Expedientes secretos COVID-19” que revelaron los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Chihuahua, durante una transmisión por las redes sociales.

Por ejemplo, el integrante del Comité Miguel Gómez reprochó que desde marzo el Comité, con el respaldo de varias organizaciones civiles del estado, le enviaron un documento al Gobierno del Estado con recomendaciones de organismos internacionales para garantizar el respeto a los derechos humanos, en este caso a la información y a la participación ciudadana en medio de una pandemia, que “ninguna de estas exigencias hasta el día de hoy fue atendida”.

Además, dijo que la Comisión de Programación Presupuesto y Hacienda Pública del Congreso del Estado recibió la iniciativa para reordenar el presupuesto del Gobierno el 28 de abril, 15 minutos antes de la reunión, por lo que la mayoría de los diputados la aprobaron a favor sin conocer a fondo el contenido del documento, y el mismo presidente de la Comisión, Jesús Valenciano, aceptó no conocer del todo la propuesta.

También se expuso que ha habido un manejo un tanto irresponsable de los contagios de COVID-19 ya que mezclan los casos negativos y los positivos, con los casos por confirmar y se hace un problema a tal grado que las cifras que se ofrecen a nivel nacional solo abordan los casos positivos, por lo que “hubo un momento en que parecía que Chihuahua ya estaba domando la pandemia cuando no era así”.

En cuanto a la inversión y compra de materiales, al integrante Carmen Álvarez dijo que se permitió la adjudicación directa a todos los proveedores relacionados con la contingencia, por lo que “no fue necesario solicitar mejor precio, se priorizó la fecha de entrega al precio, además de que podrían adquirir mercancías a empresas cuyo giro no se relaciona con la salud, como fue la compra de mascarillas a la empresa Caper que se dedica a la venta de computadoras y equipos de software”.

Se trata de CAPER Elaboración y Distribución, una empresa que, dirigida por Omar Meza Martínez, antes vendía a la administración del ex gobernador César Duarte, logrando apenas 16 millones de pesos en ocho años, pero en tan solo seis días con Javier Corral, logró seis contratos por 21 millones 278 mil pesos por la venta de equipo de protección personal para médicos y enfermeras, cuando antes proveía equipo de cómputo.

Tampoco las condiciones y capacidad en los hospitales son claras, dijo la presidenta del Comité Ana Terrazas, quien agregó que “nosotros no ponemos en duda que efectivamente se atienda a la gente enferma, solo estamos pidiendo que la información sea clara y transparente”.

Por último, Liliana Ochoa exhibió que de acuerdo con la página del Gobierno del Estado, se apoyó solo a 23 mil 951 mypimes con un total de 141 millones 930 mil 739 pesos, pero lo que no se dijo es cómo se eligió solo a estas empresas, de un universo, solo de micro empresas de 137 mil 024 que hay en el estado “lo que queremos saber es en base en qué se favoreció a tal o cual empresa”.

En el caso de la ocupación temporal “se nos dice que se apoyó a 14 mil 126 personas, con 99 millones 064 mil 283 pesos, pero los trabajadores informales, los informales en el sector formal y las trabajadoras domésticas dan un total de 366 mil 908 personas, y de nuevo queda la duda de saber cómo fue que se eligió a los beneficiarios, cuyo padrón no aparece por ningún sitio, por cierto”.